La injuria en las redes activa el debate por su penalización (El Universo)

alexisandinoA Fondo: Libertad de expresión

Domingo, 8 de septiembre de 2013

La onda expansiva de un tuit, la inmediatez con que se comparte una publicación en Facebook o la masiva difusión de un video en YouTube han puesto a las redes sociales bajo la lupa de los gobiernos del mundo.

En junio del 2012, Google denunció un “alarmante” incremento de las solicitudes de supresión de contenidos por parte de regímenes de todo el mundo, reportó entonces la cadena BBC Mundo. El gigante de internet publica en su sitio un informe semestral de transparencia, que evidencia un aumento del 53% de las solicitudes de datos de usuarios hechas por los gobiernos entre el 2010 (hubo 27.625 pedidos) y 2012 (42.327).

A esto se suma las gestiones que funcionarios gubernamentales de 74 países hicieron ante Facebook para pedir información sobre unos 38.000 usuarios en el primer semestre del año. El Gobierno ecuatoriano formuló tres pedidos y 10 a Twitter, que en igual periodo recibió 1.157 solicitudes de información, según su reporte de transparencia.

La preocupación de los gobiernos sobre las redes sociales llegó a casos extremos en Vietnam, donde una ley (decreto 32) prohíbe a los usuarios discutir temas políticos de actualidad en internet. Está vigente desde el 1 de septiembre y ordena que los blogs y las redes sociales no sean usados para compartir noticias sino información personal.

En Ecuador, el debate sobre el control a las redes sociales se activó luego de que el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, pidiera –el pasado 28 de agosto– a la Comisión de Justicia de la Asamblea establecer en el nuevo Código Integral Penal un procedimiento para penalizar las injurias en las redes.

Según Mera, no se trata de controlar las redes sociales, que en Ecuador tienen unos 7,2 millones de usuarios solo entre Facebook y Twitter, sino que “todo el mundo debe responder por lo que dice”, en los medios o internet. “Una persona que tiene un millón de seguidores (solo el presidente Rafael Correa tiene ese número en el país) que insulta en una red social, creo que afecta más que a un diario local”, dijo ese día.

El penalista Ramiro García aclara que la injuria está tipificada en el Código Penal actual (artículos 490 y 491) y no se excluye ningún medio en el cual pueda cometerse, lo que incluiría también al internet. Por eso cree que hablar de una figura específica “no tiene sentido”, excepto “enviar una señal de amedrentamiento a los usuarios de redes sociales”.

En ello coincide el penalista y constitucionalista Alfonso Zambrano Pasquel. Él cree que no se requiere de un procedimiento especial, porque como en todo proceso de injuria (cualquier expresión proferida en descrédito o menosprecio) o calumnia (falsa imputación de delito) hay que probar la infracción, sea a través de documentos, testimonios, videos, impresiones, mails, etc.

Asegura que más bien se requiere (como lo planteó en 1995 ante el Congreso) que los llamados delitos contra el honor pasen al ámbito civil, para que su sanción sea pecuniaria y no de cárcel. “No veo que es necesario (un procedimiento) y debería suprimirse del Código Penal Integral los delitos de calumnia para ser coherente con el sistema de derechos humanos”, señala.

El nuevo código reemplaza los artículos 490 y 491, que contienen 17 tipos de injuria, por el 161, que penaliza la injuria calumniosa (llamada ahora solo calumnia) y elimina las no calumniosas: “La persona que realice falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.

Santiago Basabe, analista jurídico y profesor de la Flacso, ve acertada la despenalización de las injurias no calumniosas (que no implican imputar un delito) y que las calumnias se mantengan dentro del ámbito penal, porque el bien jurídico de la honra debe ser protegido por el Estado. Esto, aclara, entendido entre las relaciones entre ciudadanos, no cuando los gobernantes quieren valerse de este tipo penal para “perseguir a sus oponentes”.

Ese es precisamente uno de los riesgos que advierte César Ricaurte, director de Fundamedios. Cree que la propuesta puede dar al Gobierno una herramienta adicional para controlar o pedir a los proveedores de internet que revelen la identidad o actividad de usuarios que ellos consideren sospechosos de haber proferido injurias.

Cree que mientras la declaración de los relatores de libertad de expresión, emitida en el 2011, señala que no debe haber regulaciones específicas para limitar la libertad de expresión en internet y las cortes internacionales tienden a despenalizar los delitos de opinión, en Ecuador se retrocede en ese sentido.

Más allá de los temas de legislación y libertades en internet, expertos en medios digitales creen que hay reglas de oro que todo usuario debe considerar en la vida digital: “no publicar nada que uno no quiere que al día siguiente esté en la portada del diario” o “no hacer en internet lo que no harías en la vida real”.

Xavier Torres, gerente de Yagé, agencia especializada en medios digitales, explica que cada persona va construyendo una “reputación on-line”, con los contenidos que publica o comparte. Y en ese sentido debe considerar las implicaciones que puede tener en todo ámbito.

José Rivera Costales, coordinador de contenidos digitales de Ciespal, agrega que la vida online es una extensión de la vida off-line y que como tal la persona tiene que responder por sus acciones en ese espacio.

Y aunque hay métodos tecnológicos para determinar las huellas de un usuario, a Rivera le preocupa la suplantación de identidad o hackeo. García y Ricaurte tienen dudas sobre si se investigará a los llamados trolls (cuentas con seudónimo que atacan a usuarios) y del alcance cuando la cuenta es de alguien que está en el exterior..

13 pedidos 
A redes hizo el Gobierno ecuatoriano durante el primer semestre del año: 3 a Facebook y 10 a Twitter, según reportan informes de esos sitios.

123 internautas 
Presos se registraron durante el 2012 en 12 países, según el barómetro de la libertad de prensa de la organización Reporteros sin Fronteras.

 

Los casos: En Ecuador
Apresados e investigados

El informe Amenazas a la libertad de expresión en internet, publicado en julio pasado por Fundamedios, refiere que al menos tres tuiteros han sido apresados y cuatro mandados a investigar por la Secretaría de Inteligencia desde el 2011.

Por un blog
El 19 de abril del 2011, Víctor Vizcaíno fue detenido para fines de investigación por supuestas injurias al entonces fiscal general Washington Pesántez, escritas en un blog. Él alegó que su identidad fue suplantada. Salió libre al día siguiente.

Amenaza en tuit
El 24 de noviembre del 2011, un ciudadano fue detenido por una supuesta amenaza de muerte en un tuit al presidente Rafael Correa. El usuario se disculpó y fue liberado.

Acceso a datos
El 30 de noviembre del 2012, Paúl Moreno fue detenido por “acceso fraudulento a sistemas informáticos”. Él dijo en su blog que el sistema de Registro de Datos Públicos es vulnerable, luego de lograr acceder a los datos del Presidente.

…Incluir otra figura específica no tiene sentido, excepto enviar una señal de amedrentamiento a los usuarios de redes sociales”.
Ramiro García, penalista

Contexto Origial Diario el Universo 

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